Un aspecto de la cuestión que no debemos soslayar y que tiene estrecha relación con el tema, es que a partir de la llegada de los inmigrantes en país quedó dividido en dos zonas, que respondían a un nuevo diseño del país.

Un país que se integraba a la división internacional del trabajo que establecieron los países centrales y que era consecuencia de una Europa absolutamente industrializada, con tanto excedente de productos manufacturados como carencia de alimentos y textiles. 

En ese contexto, a partir de la segunda mitad del siglo anterior, le cupo a Buenos Aires el papel de proveedor de lanas, razón por la cual debió poblar sus campos de ganado ovino. Las lanas llegaron a representar casi el 50% de nuestras exportaciones.  El esquema se completó con el tendido ferroviario en forma de abanico, con vértice en el puerto, la instalación de frigoríficos, grandes depósitos, canalización del Riachuelo, muelles en las riberas, y la inauguración del puerto de Buenos Aires.

El resto del país quedó relegado al papel de abastecedor de Buenos Aires siendo casi nulas las producciones con valor exportable no originadas en esta zona. En otras palabras el interior cumplía en relación a Buenos Aires, el papel complementario que Inglaterra había reservado al país.

El desarrollo económico que caracterizó a la década del 80, benefició principalmente al  sector ligado con los intereses exportadores, y  por lo tanto este sector tuvo preeminencia en el manejo del poder político. Esta clase social, que detentaba tanto el poder económico como el poder político, se la designa con el término oligarquía. Y esta coincidencia del poder económico y político, que aparece a partir de 1880, conlleva en sí misma, como definición, todas las prácticas inescrupulosas que permitieran mantener dicho poder.

Para ello, el Régimen, crea una estructura operativa, dónde el control de la sucesión juega un rol fundamental.  A través de la hegemonía gubernamental, las decisiones sobre el acceso a los cargos electivos estaba dominada por los funcionarios salientes y por lo tanto la estructura de poder quedaba incólume. Por lo tanto, no solo los sectores populares quedaban fuera del régimen político, sino también los opositores provenientes de la misma edite.

Es importante diferenciar el proyecto de Alberdi, volcado en la Constitución, que restringía el acceso al poder político de los sectores populares, con la estructura inaugurada en 1880. Mientras la Constitución establecía la elección indirecta o de segundo grado para elegir presidentes, gobernadores y senadores y el voto directo para los diputados, la realidad, marcó una enorme distancia entre la letra constitucional y la práctica, ya que un reducido sector, a través del manejo discrecional del poder, excluyendo a los opositores peligrosos y transando con los moderados, creó un sistema de sucesión política que impedía la llegada a los cargos de los hombres que no pertenecían a este sector.

¿Cómo funcionaba este sistema?. Se hacían elecciones en el orden nacional, provincial y municipal. Se cumplían con todas la formalidades exigidas por las leyes, pero en la realidad las elecciones eran una farsa. Y esto se puede comprobar analizando el sistema electoral existente antes de la reforma de 1912. Para poder votar había que empadronarse en el Registro Electoral, o sea el voto era voluntario. Quien controlaba el Registro, controlaba el comicio y obviamente el control estaba en manos del gobierno. Es decir, el propio gobierno decidía quién podía o no empadronarse. Además, el voto no era secreto y se votaba por lista completa.

El manejo de las juntas escrutadoras, la compra de votos, los cambios de las actas comiciales, la violencia, en fin el fraude electoral, permitían al gobierno controlar las elecciones, y por lo tanto manejar la sucesión.